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LA MANCOMUNIDAD APRUEBA SU ORDENANZA DE TRANSPARENCIA
17/02/2021
  • El Boletín Oficial de la Provincia de hoy publica la Ordenanza Reguladora de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización de la Mancomunidad del Norte.

  • Se trata de la primera ordenanza de una mancomunidad de este tipo que se aprueba en Canarias.

 

La Mancomunidad ha aprobado esta ordenanza para dar respuesta al nuevo contexto social y tecnológico de los últimos años que no ha hecho sino demandar con más fuerza el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos en relación con las Administraciones Públicas.

Este nuevo escenario social también se encuentra impulsado por los organismos internacionales. De hecho, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo entre sus 17 objetivos fundamentales, el objetivo 16, concretamente, la “Promoción de Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas”, estableciendo entre los fines del mismo:

·Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

·Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

·Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

·De esta forma, las administraciones públicas deben difundir, sin esperar una solicitud concreta de los administrados, determinados datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística.

La Ordenanza de la Mancomunidad se articula a través de obligaciones de publicidad activa obligatorias para todas las entidades, el derecho de acceso a los registros y a los documentos que forman parte de expedientes relativos a procedimientos finalizados en la fecha de la solicitud y reutilización de la información.

Para la regulación de estos derechos y obligaciones, se han aprobado leyes de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, a nivel Estatal y de la Comunidad Autónoma de Canarias.

                La referida normativa legal se corresponde con este nuevo escenario social que demanda la implantación de un Gobierno                  Abierto en la Administración local, por ser la más cercana al ciudadano y el cauce inmediato de participación de este en                    los asuntos públicos. Esta nueva forma de gobernar se basa en la transparencia, la apertura y la reutilización de los datos                 gubernamentales, como medio para la mejor consecución del objetivo de involucrar a la ciudadanía en la participación y en             la colaboración con los asuntos de carácter público.

Asimismo, la reutilización de la información tiene como objetivo fundamental la creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos:

a.     Social: El derecho de acceso al conocimiento e información del sector público constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar. La reutilización da valor y sentido añadido a la transparencia legítima y mejora de la confianza en el sector público.

b.     Innovador: La información pública debe permanecer abierta para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la sociedad con fines comerciales o no comerciales. La reutilización favorecerá la creación de productos y servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones.

c.     Económico: El tamaño del mercado potencial basado en la información agregada del sector público y su reutilización justifica el esfuerzo y la contribución de todas las administraciones en esta materia.

En definitiva, las entidades locales están obligadas a la implantación del denominado “gobierno abierto”, articulando la participación ciudadana a través de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que conlleva la adaptación de las previsiones de la referida normativa a su organización y funcionamiento interno.

En consecuencia, la Ordenanza de la Mancomunidad tiene como finalidad disponer de un instrumento normativo propio que regule las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización de la información pública, que se derivan de las exigencias de nuestro Ordenamiento Jurídico, para ello se ha establecido el plazo de un año para adecuar la estructura organizativa interna de esta entidad para el correcto cumplimiento de la misma. Además, aparte de desarrollar las previsiones legales en esta materia, se pretende generar un incentivo que suponga la efectiva implantación en la Mancomunidad de las medidas propias de los gobiernos locales transparentes, con un grado de anticipación y eficacia superior al que se deriva de un escenario que carezca de este tipo de normativa.

 



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